Esta semana circuló una resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que traía, pegadas al final, las instrucciones dadas a un asistente de inteligencia artificial: «Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia…». La Sala rectificó al día siguiente y pidió un informe al relator. Esta es mi lectura, en corto.

Que en un expediente judicial aparezcan las instrucciones dadas a un asistente de inteligencia artificial confirma algo que los datos ya muestran: la IA es hoy una tecnología extendida en el mundo legal. A nivel global, el 44% de los operadores judiciales de 96 países ya usa estas herramientas en su trabajo (UNESCO, 2024). En Chile, una encuesta a jueces civiles (Lillo, Cantillana y Sanhueza, proyecto ANID) muestra que uno de cada diez declara usarla en su labor jurisdiccional, mientras la mitad nunca ha recibido capacitación en tecnologías. Es una buena noticia para tribunales con una carga de trabajo cada vez mayor. Pero la IA no reemplaza al abogado, sea in-house, litigante o juez: hace más rápidas las tareas, y la responsabilidad por el criterio jurídico sigue siendo de la persona.

Lo que este caso pone en discusión no es la calidad de la decisión, sino el método. Copiar y pegar desde un asistente genérico, sin depurar ni verificar, es justamente lo que las reglas vigentes buscan evitar. El artículo 17 del Código de Ética Judicial de la Corte Suprema establece que la decisión judicial «es siempre una tarea humana y su responsabilidad es indelegable», y exige verificar de forma independiente cualquier respuesta o cita que salga de estos sistemas. La Guía sobre inteligencia artificial de la Academia Judicial pide además dejar constancia del papel que tuvo la herramienta y no ingresar datos de las partes en los prompts. La guía del Colegio de Abogados, de julio de 2026, exige al abogado conservar la dirección del asunto y la responsabilidad personal por lo que firma. La lección es priorizar herramientas especializadas y, sobre todo, la formación. Más que dominar el software de moda, el abogado necesita criterio para saber qué delegar en la máquina y qué no.