El prompt que apareció en un fallo de la Corte de Apelaciones

Fri, 09 Oct 2026 00:00:00 +0000

Esta semana circuló una resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que traía, pegadas al final, las instrucciones dadas a un asistente de inteligencia artificial: «Eres un Juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia…». La Sala rectificó al día siguiente y pidió un informe al relator. Esta es mi lectura, en corto.

Que en un expediente judicial aparezcan las instrucciones dadas a un asistente de inteligencia artificial confirma algo que los datos ya muestran: la IA es hoy una tecnología extendida en el mundo legal. A nivel global, el 44% de los operadores judiciales de 96 países ya usa estas herramientas en su trabajo (UNESCO, 2024). En Chile, una encuesta a jueces civiles (Lillo, Cantillana y Sanhueza, proyecto ANID) muestra que uno de cada diez declara usarla en su labor jurisdiccional, mientras la mitad nunca ha recibido capacitación en tecnologías. Es una buena noticia para tribunales con una carga de trabajo cada vez mayor. Pero la IA no reemplaza al abogado, sea in-house, litigante o juez: hace más rápidas las tareas, y la responsabilidad por el criterio jurídico sigue siendo de la persona.

Lo que este caso pone en discusión no es la calidad de la decisión, sino el método. Copiar y pegar desde un asistente genérico, sin depurar ni verificar, es justamente lo que las reglas vigentes buscan evitar. El artículo 17 del Código de Ética Judicial de la Corte Suprema establece que la decisión judicial «es siempre una tarea humana y su responsabilidad es indelegable», y exige verificar de forma independiente cualquier respuesta o cita que salga de estos sistemas. La Guía sobre inteligencia artificial de la Academia Judicial pide además dejar constancia del papel que tuvo la herramienta y no ingresar datos de las partes en los prompts. La guía del Colegio de Abogados, de julio de 2026, exige al abogado conservar la dirección del asunto y la responsabilidad personal por lo que firma. La lección es priorizar herramientas especializadas y, sobre todo, la formación. Más que dominar el software de moda, el abogado necesita criterio para saber qué delegar en la máquina y qué no.

El Poder Judicial, visto como un sistema de información

Fri, 25 Sep 2026 00:00:00 +0000

El sábado 25 de julio de 2026, un abogado que había dejado de representar a un banco, una caja de compensación, la tarjeta de crédito de una casa comercial y una empresa de cementerios se puso a renunciar a sus poderes. Eran miles de causas repartidas por todo el país. En vez de presentar los escritos uno por uno, dejó un programa haciéndolo por él. El lunes a media mañana llevaba 38.477 escritos en los tribunales civiles de todo Chile, entre 500 y 900 por tribunal, y la Oficina Judicial Virtual, el portal por donde entra casi todo lo que se presenta a un tribunal, sufría «severas interrupciones y lentitud». Los jueces civiles de Santiago pidieron a la Corte Suprema restringir el acceso del abogado, prohibir el uso de inteligencia artificial para ingresar escritos y poner un CAPTCHA, esas casillas de «no soy un robot».

Lo llamativo del caso es que cada escrito era legítimo. Renunciar a un poder está en la ley, y avisarle al cliente también. Nadie hizo trampa. Lo que pasó es más interesante, y para verlo hay que mirar el Poder Judicial con los ojos con que un ingeniero de software mira cualquier sistema de información: quién produce datos, por dónde entran, qué programas los mueven y en qué punto exacto una persona tiene que leer, decidir y firmar.

Una cocina con tres cocineros

Imagina un restaurante de barrio. Durante décadas se pidió en el mesón: había que ir hasta allá, hacer fila y hablar con alguien. La fila era una lata, pero frenaba los pedidos sin que nadie lo hubiera diseñado así. Un día el restaurante estrena una aplicación. Desde el teléfono, cualquiera pide en segundos, a cualquier hora, sin fila. La aplicación nunca dice «la cocina está llena»: toma todos los pedidos y los va pegando en la pared de la cocina.

La cocina, mientras tanto, tiene los mismos tres cocineros. Cada plato necesita que alguien lea el ticket, lo prepare y lo saque. Si la aplicación se queda corta, en una tarde se arriendan más servidores. Contratar cocineros toma meses y presupuesto.

Ahora imagina que un cliente conecta un programa a la aplicación y hace diez mil pedidos en una noche. La aplicación aguanta a duras penas. La pared se llena de tickets. Y los cocineros llegan el lunes a ese muro de papel, con los pedidos urgentes de siempre perdidos en el montón.

El Poder Judicial chileno tiene exactamente esa forma. Con un agravante: la ley obliga a los cocineros a responder cada ticket.

El mapa, en dos colores

Este artículo incluye un diagrama: míralo en la versión web.

Dibujé el sistema con dos colores, y esa distinción es la idea central de este artículo. Azul es software: la Oficina Judicial Virtual, los sistemas donde vive cada causa, el estado diario. Crece comprando infraestructura. Ámbar son personas: jueces, secretarios, funcionarios, receptores. Crece con dotación, y la dotación la fija la Ley de Presupuestos.

Sigamos un escrito por el mapa.

Quien presenta. Abogados y estudios, grandes litigantes como bancos y casas comerciales, personas con Clave Única, instituciones como la Fiscalía o el Registro Civil. Y, desde hace poco, programas que usan las claves de un abogado. Para el sistema, ese programa es indistinguible del abogado; solo lo delata el ritmo.

La puerta. La Oficina Judicial Virtual (OJV) existe desde la Ley 20.886, de 2016, la de tramitación electrónica. Autentica a quien entra, timbra la presentación con fecha y hora, y la deja en la carpeta electrónica de la causa que corresponde. Acepta todo lo que pasa la validación. No tiene límite por cuenta ni forma de decir «espera».

La bandeja. Cada escrito cae en el tribunal de su causa, identificado por el rol, el número del expediente. Si un tribunal está tapado, el escrito no se puede mandar a otro con menos trabajo: la causa es de ese tribunal. Y la bandeja de escritos «por proveer» no tiene tope.

La decisión. Aquí está todo lo escaso. Por cada escrito, un funcionario redacta el proveído (la respuesta del tribunal, aunque sea un «téngase presente») y un juez o secretario lo firma con firma electrónica avanzada, la firma digital con certificado que la ley exige. Ese paso no se puede acelerar ni repartir: una persona lee y firma.

La salida, que vuelve a la entrada. La resolución se publica en el estado diario, la lista de resoluciones de cada día, y con eso queda notificada. La notificación echa a correr los plazos, y el plazo produce el siguiente escrito. Visto de lejos, el sistema es una rueda: cada respuesta produce la siguiente pregunta.

Con eso en la mano, el desfase se ve solo. En 2024 ingresaron al Poder Judicial más de 3 millones de causas y terminaron cerca de 2 millones. La cola existía antes de cualquier robot.

Tres maneras de llenar la pared

La ráfaga de julio fue la más vistosa, pero hay otras formas de saturar el lado ámbar. Trazadas sobre el mismo mapa, veo al menos tres.

La ráfaga. Una sola cuenta, un programa, un fin de semana. Como no hay cuota por usuario, un solo litigante consumió capacidad de todos los tribunales civiles del país. Nadie lo detectó por una alerta: lo notó el jefe de proyecto del sistema civil mirando el ingreso, y el call center llamó al abogado a preguntarle qué estaba haciendo. El único freno fue bloquear, a mano, la dirección de internet desde donde llegaban los escritos.

La carga sostenida. La cobranza. Bancos, casas comerciales y cajas cobran pagarés por juicio ejecutivo, un procedimiento donde el deudor rara vez se defiende. Entre 2014 y 2016, el 92% de lo que entró a los tribunales civiles fue de ese tipo. Es tráfico predecible, casi mecánico, y corre por el mismo juez, el mismo funcionario y la misma bandeja que un juicio de verdad disputado.

El pico correlacionado. Los recursos de protección contra las isapres. Desde 2022, la carta de alza de precios llega a todos los afiliados el mismo mes, y detrás vienen cientos de miles de recursos casi idénticos, presentados directamente en las Cortes de Apelaciones. Solo entre enero y mayo de 2022 fueron 292.584. Como una sentencia vale solo para quien la pidió, las Cortes los fallan uno a uno. En 2023, cuando bajaron, el ingreso a las Cortes cayó un 69,4%.

Tres escenarios y un mismo defecto de forma: el sistema admite a la velocidad del software y resuelve a la velocidad de las personas, sin tope en la cola de en medio y sin avisar a quien produce que la cocina está llena.

Por qué te importa, si eres abogado

Los abogados van a automatizar. Ya lo hacen: plantillas para recursos de protección, programas que presentan demandas de cobranza en serie y, ahora, agentes de inteligencia artificial que operan la OJV como lo haría un procurador. La discusión de julio se planteó como «¿se permite usar IA para presentar escritos?». Creo que la pregunta útil es otra: qué pasa con un sistema diseñado cuando presentar era caro, ahora que presentar es gratis.

La ingeniería conoce bien ese problema, y sus respuestas tienen parientes en el derecho procesal chileno. Tres, en lenguaje llano.

Una cuota por cuenta, en vez de un CAPTCHA. El CAPTCHA castiga a todos los usuarios y no mide a ninguno; un robot paciente lo pasa igual. Una cuota razonable de presentaciones por hora, con una fila justa para quien necesita más, protege al tribunal sin cerrarle la puerta a nadie. El pariente legal ya existe: el principio de buena fe de la Ley 20.886 y las condiciones de uso de la OJV, que hoy solo se aplican después del daño.

Un trámite masivo, con su resolución única. Renunciar a miles de poderes era una necesidad legítima. El sistema solo ofrecía «un escrito por causa», así que el abogado armó el bucle por su cuenta. Una presentación con la lista de causas y una resolución por tribunal convierte 38 mil escritos en unas decenas de actos. El escrito con listado anexo ya se usa en la práctica; falta que el sistema lo entienda.

Que el sistema diga «recibido, en cola». Hoy la OJV acepta en silencio y el costo lo absorbe el funcionario. Un estado explícito de «recibido, pendiente de admisión», con efectos procesales definidos, haría visible la cola para el tribunal y para quien presenta. Y las materias urgentes (protección, alimentos, violencia intrafamiliar) deberían tener su propia fila: la tramitación preferente existe en la ley; falta que exista en la bandeja.

Nada de esto reemplaza al juez. Todo esto existe para que el minuto de juez se gaste en decidir, y no en absorber tráfico.

Si quieres ir más hondo: el mapa completo

Este artículo es la versión de bolsillo. El mapa completo dibuja el sistema caja por caja, con sus nombres reales (OJV, SITCI, SITCORTE, la distribución de causas, los receptores), la ley que define cada una y su lectura de ingeniería. Los tres escenarios se encienden sobre el mismo diagrama, y una tabla traduce quince instituciones procesales al vocabulario de los sistemas distribuidos. Está pensado para programadores y para abogados con curiosidad técnica, y ahí sí uso la jerga sin traducirla. Las fuentes de todas las cifras de este artículo están al pie del mapa.